La
responsabilidad social del Estado con los asentamientos informales en Cali
Profesor, Universidad Autónoma de Occidente
La Universidad Autónoma de Occidente viene
desarrollando la investigación “Asentamientos ilegales como luchas sociales en
el marco de la ciudad capitalista colombiana”. El equipo de investigación logró
evidenciar que el fenómeno de la ocupación del jarillón supera el caso
particular del poblamiento del dique, para insertarse en un fenómeno más
estructural relacionado con la producción de la ciudad colombiana de la que
participan, hoy más que nunca, las dinámicas de las fuerzas del mercado, y por
otro lado, las contradicciones, falta de institucionalidad y precarias condiciones
del Estado.
Es notable que para la Administración municipal como
para otros agentes del Estado y para amplios sectores de la ciudadanía, las familias asentadas sobre el jarillón son invasoras y por tanto es necesario
intervenir desalojándolas y ubicándolas en proyectos de viviendas de 37m2. Sin
embargo, algunos hallazgos de la investigación permiten poner en discusión al
menos dos temas que tienen que ver con el Jarillón del río Cauca.
En primer lugar, no todas las familias
asentadas sobre estos lugares pueden catalogarse como invasoras, pues algunas
llegaron al dique con la anuencia de agencias del Estado mediante contratos.
Esto significa que la gente no se ubicó en el lugar por la fuerza, sino que
fueron instalados por las mismas entidades del Estado. Los habitantes del
asentamiento Samanes del Cauca tienen pruebas de ello. Calificar a las familias
del Jarillón como invasoras demuestra de modo claro que las decisiones
tomadas emanan de los escritorios de
funcionarios públicos que desconocen realidades y sólo replican discursos manidos,
construidos y divulgados por funcionarios de las entidades comprometidas y por
la propia prensa. Desconocer este hecho, ya genera desinformación que puede ser
nefasta a la hora de tomar decisiones. El Alcalde debe hablar con la gente,
escuchar sus demandas, denuncias y propuestas. Algunas de estas familias pagan
energía, agua, alumbrado público, catastro, y además integran Juntas de Acción
Comunal y formas organizativas.
En segundo
lugar, impacta sobremanera, los anuncios reiterados, durante varios años, de las
distintas entidades estatales sobre la inversión de importantes sumas de dinero
para solucionar el problema del Jarillón. Hasta el momento no se ven los
resultados, como claramente sucedió con las pasadas temporadas de lluvias. Son
inversiones sobre las que no se ejerce, al parecer, el control indispensable
por parte de los organismos competentes. El reciente anuncio de 1.3 billones es
una cuantía importante, pero no suficiente para cubrir el costo de eventuales
traslados y reasentamientos en condiciones dignas de toda esta población
llamada invasora. Los asentamientos están dispersos por toda el área urbana y
rural de Cali.
Según
los hallazgos de esta investigación, hasta el momento, se considera
indispensable pensar en soluciones que
beneficien a la ciudad en su conjunto, especialmente a los más desfavorecidos,
sin afectar los derechos adquiridos por quienes ocupan el jarillón con
autorización de las propias entidades del Estado, tal y como sucede con varias
comunidades que acreditan títulos de propiedad y que pagan servicios públicos.
Lo anterior amerita que el Estado, en sus distintos ámbitos territoriales,
trabaje articuladamente de mano con las comunidades en la agencia de políticas
públicas, que más allá de un periodo de gobierno, permitan atender el fenómeno
de manera estructural. Es decir, políticas públicas de desarrollo urbano, de
vivienda y de servicios públicos, entre otros, que garanticen en el mediano y largo plazo
respuestas efectivas, más allá de los mismos repertorios que el administrador
de turno y medios de comunicación vienen registrando sobre el fenómeno. No es suficiente con reasentar a estos pobladores,
el Estado tiene que reconocer su responsabilidad en la creación de
asentamientos humanos de desarrollo incompleto, como eufemísticamente se
llaman, y escuchar las demandas de sus pobladores para generar condiciones de
vida realmente dignas.
huribe@uao.edu.co
[1] Coordinador
del Proyecto de Investigación, con la colaboración de los profesores Germán Ayala Osorio y Carmen Jimena Holguín. Cali.
