Crisis ambiental, gobierno y corrupción en
Colombia
Por
Hernando
Uribe castro
Magíster
en Sociología
Tanto los
hechos presentados durante el periodo de
lluvias intensas, denominadas como la “ola invernal”, como los hechos
enmarcados durante el periodo de sequía y calor, y que se expresaron de modo
especial en problemas de abastecimiento de agua e incendios forestales sobre
zonas de ladera, han demostrado que el Gobierno (local y nacional) se queda corto
para atender estas situaciones de emergencia ambiental. Hechos que también
demuestran que el modelo de desarrollo económico de tipo extractivo está
causando estragos irreversibles en zonas estratégicas y frágiles de los
ecosistemas colombianos como los páramos.
El gobierno
se queda corto, no solo porque es ineficiente su acción directa en términos de
prevención y atención de estos desastres, también porque existen incoherencias
y contradicciones en sus discursos. Por un lado, se dirige a alentar una
necesaria relación amigable y de respeto con el medio ambiente, pero, por otro,
sus acciones se han enfocado a fortalecer y
poner en marcha las locomotoras del desarrollo, dispuestas desde los
Planes de Desarrollo Nacional, como el
caso propuesto por el gobierno del presidente Santos, cuyos impactos en territorios
que deberían ser protegidos, son desastrosos, pero lucrativos para las
multinacionales que se encuentran detrás de estas actividades mineras.
Son visibles
estas contradicciones. A la que se suman por ejemplo, incongruencias con los
datos de los supuestos aportes y/o apoyos en términos de dineros girados,
subsidios, a familias afectadas, e incluso apoyo a los propios municipios.
Anuncios y anuncios de dineros a los que nunca se les hacen ningún tipo de
control. No se sabe si efectivamente esos recursos se concretan. No se sabe
nada de ese control y seguimiento. Por tanto se debe exigir una gobernabilidad
climática.
En un informe
sobre corrupción mundial y cambio climático, se señalaba que uno de los campos
en los que más se evidenciaban altos niveles de corrupción era precisamente los
dineros que se giraban a la atención de los problemas por riesgos por desastres
naturales o medioambientales[1]. Como el
problema es mayúsculo, los presupuestos nacionales tenderán a concentrarse en
estos aspectos, pero como son procesos de largo plazo, los controles
administrativos casi que son imprecisos e imposibles. De esto ya se ha venido
observando en Colombia.
Se teje así
una relación que parece invisible: crisis ambiental, gobierno y corrupción, de
la que muchos grupos de poder se benefician. Como siempre, es la población más
pobre y marginal la que resulta afectada y haciendo peticiones y no exigencias
al gobierno nacional, como si se tratara de un favor y no de un derecho, cuando debe ser el Gobierno en representación del Estado quien
ponga en marcha todos los dispositivos y equipamientos para atender, favorecer
y defender a los ciudadanos que se encuentran dispersos a lo largo y ancho del
territorio nacional afectados por las crisis socioambientales.
[1] Informe
Mundial de Corrupción “Cambio Climático”. Estados Unidos: Transparency International, 2011.