¿Burocracia criminal? Las EPS en el
Sistema de Salud en Colombia
Por
Hernando
Uribe Castro
Magíster
en Sociología
El martes 29 de
abril de 2013, en el Hospital Santa Clara de Bogotá, muere Paula Sofía Lesmes
de 9 meses de edad, a causa de un paro cardiorrespiratorio, no atendido de
manera oportuna por la entidad prestadora del servicio. El agente interventor
de la EPS Solsalud, pidió perdón por este hecho[1]. Pero Paula Sofía se suma a otros tantos
colombianos(as) que mueren por falta de atención de estas entidades, como fue
el caso de José Angel en diciembre de 2012[2] a quién se definió como el símbolo del caos de las
EPS. Pero estos no sólo representan el caso de personas que llegan con vida a
las EPS y mueren por la nefasta atención sino que en estas empresas prestadoras
de salud en el 2002 se denunciaba que los muertos nunca morían, por lo menos en
sus bases de datos. En ese año existieron denuncias con respecto a que en las
bases de datos de las EPS se encontraban 65 mil afiliados que ya habían muerto: “Luego de encontrar que las EPS están
cobrando al Estado aportes cercanos a los 1.500 millones de pesos mensuales por
más de 65 mil personas que aparecen como fallecidas en los archivos de la
Registraduría General, el Ministerio de Salud les ordenó aclarar de inmediato
sus cuentas”[3].
Son estos casos
muestras claras de un sistema de salud que hizo de la enfermedad y de la muerte de los colombianos un fortín para los intereses
privados y empresariales que están detrás de las EPS, que han terminado por asegurar una atención indigna, ineficiente y de pésima calidad. Toda una
desatención en el sistema de salud cuyas “empresas macabras” y “empresas del
terror” hacen las veces de verdugos. Estamos en un contexto de sociedad donde lo
administrativo es más importante que la vida de los colombianos. Las
intervenciones que hace la Superintendencia de Salud sobre EPS como humana
vivir, es porque la crisis administrativa y financiera pone en riesgo ni
siquiera la salud, sino la vida misma de las personas que dependen de las redes
hospitalarias.
Interesante
este fenómeno porque una de las tesis del psicoanalista Anthony Sampson, a
quien presencié en una conferencia muy reciente sobre violencia, es,
precisamente, que en el marco del sistema mundo moderno capitalista, no solo
existen las mentes criminales que utilizan el poder para ejercer sus programas
de violencia, sino que se acompaña de un sistema burocrático en el que
participan funcionarios y empleados que sin poseer cuadros de psicópatas o
criminales, y en función de sus labores, actúan, cumplen su tarea y obedecen
según los cuadros administrativos de sus empresas. Acciones y tareas, que por
ejemplo como lo es no atender por falta de una firma en un formato, orden o
carta para autorizar una cirugía, no hacen la atención debida porque si
incumplen los protocolos y procesos, pueden perder su empleo. O el médico(a)
que sabiendo que presta una mala atención porque así lo exige el cuadro
administrativo de la clínica o entidad en la que trabaja, mantiene y resguarda
su empleo. Como pesa más el proceso y protocolo administrativo, la atención del
ciudadano es caótica y nefasta. ¿De quién o quienes es entonces la
responsabilidad de tremendos actos? Funcionarios, instituciones, de las
empresas privadas y, de modo particular, del Estado que desprotegió y dejó a
sus ciudadanos sin un buen servicio de atención y prevención en salud, en manos
de los intereses empresariales que ven la vida como una mercancía, un objeto
más o un dato más en un cuadro de Excell.
A pesar que la Defensoría del Pueblo interpone denuncias
penales, los casos de personas muertas en las salas de atención de muchas de
estas empresas es permanente y continúa. Preguntas y más preguntas: ¿Cuántos
colombianos dependemos de estas empresas y nos vemos expuestos a estos mismos
tratos y servicios? Y más interesante aún ¿Quiénes son los políticos que
también son dueños o accionistas de dichas empresas?
El
debate público y las acciones oportunas por parte del Estado es un asunto que
merece ser tenido en cuenta por medios de comunicación, organizaciones
sociales, entidades de control y por la ciudadanía misma que se ve abocada a
tan nefastos servicios. La salud es un derecho fundamental y no un negocio del
cual deben lucrarse las empresas dedicadas a mercantilizar la salud de los
colombianos.
[1] El
Tiempo, La pequeña Paula Sofía nació condenada a morir, 30 de abril de 2013.
[2] El
tiempo. La muerte de José Ángel, el símbolo del caos en las EPS. Informe
Especial. http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/noticiasimportantes2012/la-muerte-de-jose-ngel-el-simbolo-del-caos-en-las-eps-_12469538-7
[3]
El tiempo, “Los muertos de la EPS”, 16 de febrero de 2002.
