miércoles, 26 de marzo de 2014
martes, 25 de marzo de 2014
CASANARE: EXPRESIÓN DE UN MODELO DEPREDADOR EN EL TERRITORIO NACIONAL
Casanare:
expresión de un modelo depredador en el territorio nacional
Por Hernando Uribe Castro
Magister en Sociología
Nada más triste y desesperanzador que el observar,
cómo la irresponsabilidad del Estado colombiano, sus agentes de control ambiental, de las corporaciones privadas petroleras
y de la elite ganadera, afectaron las condiciones de los ciclos naturales de
territorios como en el Casanare.
Según
los medios nacionales, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresaba: “Que no llueva no es culpa de las petroleras (…) Colombia es vulnerable al
tema de la sequía. Lo que tenemos es un cambio global del clima en el planeta”.[1]
La elite de poder es astuta al usar “la
crisis ambiental global” como discurso para ocultar, tapar, velar y explicar
sus perversas acciones depredadoras, extractivas y criminales con el ambiente
del territorio nacional.
Respuesta ilusa, descabellada, irresponsable,
negligente, ignorante y que insulta a los colombianos. Una respuesta como esta
da cuenta de lo poco que le importa a las corporaciones y agentes privados la
necesidad de comprender el funcionamiento de los socioescosistemas del
territorio nacional. Expresar que la culpa es del calentamiento global es
despojarse de toda la responsabilidad que cae a espaldas de este gremio, de los
petroleros, ganaderos y del gobierno nacional.
Cuando los territorios son despojados de su
cobertura vegetal, cuando se secan las fuentes de la producción de agua por la
explotación y extracción de recursos, así como la tala indiscrimada de bosques
para la ganaderías, las condiciones micro climáticas de inmediato son
impactadas y se transforman. Estas acciones interrumpen el ciclo natural de los
territorios y por ello aparecen las consecuencias nefastas para la naturaleza y
las comunidades.
Lo terrible de este asunto es que, como en otros
lugares del país como en el Valle del Cauca con la caña de azúcar, las
corporaciones autónomas regionales encargadas de las cuestiones ambientales de
las regiones se quedan paralizadas. De hecho, es claro que para que la
situación en el Casanare sucediera y alcanzara los niveles que presenta hoy en
día, ha tenido que haber pasado mucho tiempo de explotación incesante y de irrespeto
incontrolado con los elementos de la naturaleza como el agua, el aire, el suelo
y el subsuelo por parte de las firmas e inversionistas privados. ¿Dónde estaba el Estado? ¿Qué hicieron las Corporaciones Abmientales para detener estos procesos depredadores?
Tal
como lo he señalado en innumerables ocasiones, estamos presenciando un modelo extractivista
de los territorios locales. Esta relación
entre los lugares locales y la hegemonía global es mediada por el Estado para
garantizar el marco normativo a través del cual se legitima la presencia de
multinacionales explotando la naturaleza. Un marco normativo, político y
económico que sirve y legitima la posibilidad de hacer uso ilimitado de los
recursos y del control de la sociedad. Firmas globales que tienen el poder
económico, político y armado de someter, exigir y doblegar al Estado colombiano,
administrado por gobiernos que están dispuestos a entregar lo que sea a cambio
de prebendas económicas, status y privilegios de familia.
[1] ¿Quién es culpable de la mortandad de animales por
sequía en Casanare? El Tiempo http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/sequia-en-casanare_13721415-4
lunes, 10 de marzo de 2014
Naturaleza, conflicto y posconflicto
Naturaleza,
conflicto y posconflicto
Por
Hernando
Uribe Castro
Desde una
perspectiva sistémica, el conflicto armado en Colombia es también un conflicto
socioambiental. De esto no hay duda, puesto que las acciones armadas no se dan
en el aire sino en territorios concretos, con huellas y efectos en los seres
vivos y en la naturaleza. Por ejemplo, las actividades de erradicación de los cultivos
ilícitos mediante la aspersión de químicos sobre los suelos, contaminan el
agua, la tierra, las plantas, los animales y las personas. De igual modo
afectan los bombardeos, las tomas de pueblos y las confrontaciones entre
actores armados.
El que los
tecnócratas no determinen los costos de los daños ambientales a través de las
fumigaciones o por medio de bombardeos a zonas estratégicas, no significa que la
vida y el ambiente, ahí existentes, no se afecten. Llama la atención que hasta
el presente momento no se ha hecho una evaluación del costo por desastre
ambiental ocasionado por la guerra, y de modo, especial por programas como Plan
Colombia puesto en marcha desde el año 2000, cuyo eje central era la
erradicación de los cultivos ilícitos.
Por ejemplo, el Centro
de Estudios sobre Seguridad y Drogas ha señalado que 128 mil hectáreas anuales
se han fumigado en todo el territorio nacional, destacándose el año 2006, con 170
mil hectáreas). Detrás de las aspersiones se encuentran firmas como DynCorp de
Estados Unidos. Las fumigaciones han provocado protestas de muchas comunidades,
como las de Tarasá en Antioquia, que ven la afectación tanto en la salud humana
como en el suelo, deforestado y con altos niveles de contaminación de las
fuentes de agua y de los cultivos.
La experiencia
colombiana ha demostrado que la guerra se valora primero en términos
económicos, y luego sociales. Pero hasta ahora no existe una valoración
ambiental del daño causado. Fuentes de agua destruidas, extracción minera que
arrasa con cuencas hidrográficas, confrontaciones entre bandos que desplazan
las comunidades de sus habitas ancestrales y que son guardianas de los
ecosistemas. Desplazar una comunidad indígena o campesina de su lugar, es
desplazar también ese saber ambiental y ese conocimiento que existe en ellos. Y
lo tenaz es que quedando deshabitadas las tierras, son fácil presa de intereses
privados, a veces promotores de la guerra, para monopolizar y tener control
sobre amplios territorios, como aconteció en Urabá. Una guerra que al desplazar poblaciones promovió el ingreso de
multinacionales para desarrollar actividades extractivas de minerales.
Considero que en un
contexto como el colombiano de conflicto armado, y sobre todo en un posible
camino hacia el posconflicto, se hace necesario comprender el ambiente de modo
distinto.
Frente a una guerra que
fortalece el modelo económico extractivo se debe reivindicar el valor del
ambiente como un sistema que integra la naturaleza y la sociedad. Implica un
camino hacia la plena conciencia de que los problemas del conflicto armado
siendo económicos y sociales, lo son también ambientales.
¿Es posconflicto cuando
el territorio tiene presencia de inversores privados que sacan todo el provecho
posible a la naturaleza como materia prima arruinando los ecosistemas? ¿Impulsando
las actividades extractivistas y, en algunos casos, motivando y atizando el
fuego de la guerra para promover el fenómeno del desplazamiento de comunidades
para liberar la tierra de sus dueños legítimos?
Que el posconflicto
no se constituya en un discurso ideológico de este gobierno, promovido desde
las corporaciones globales, y al que falsamente le juegan los actores armados,
para legitimar el modelo de desarrollo existente que extermina la grandeza de
este territorio, tanto en su biodiversidad natural como en su diversidad
cultural.
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