Ambiente y
conflicto en Colombia
Por: Hernando
Uribe Castro
Magíster en Sociología, Estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales
El conflicto armado
en Colombia es multidimensional y con repercusiones en el ambiente. De esto no hay duda, puesto que las acciones
armadas no se dan en el aire sino en territorios concretos, con huellas y
efectos en el sistema viviente. Por ejemplo, las actividades de erradicación de
los cultivos ilícitos por aspersión de químicos sobre los suelos llevadas a
cabo por el gobierno nacional por más de una década, han contaminado el agua,
la tierra, las plantas, los animales y las personas. De igual modo afectan los
bombardeos, la toma de pueblos, la avanzada paramilitar, los derrames de
petróleo, los campos de cultivos de uso ilícito, la quema de bosques, el
desarrollo de actividades extractivas con las que se financian los grupos
ilegales y organizaciones criminales, así como las confrontaciones directas en
el territorio entre actores armados. Incluso
la corrupción de agentes en instituciones del Estado por acción u omisión.
El que los
tecnócratas y agentes no determinen los costos de los daños ambientales a
través de las fumigaciones o por medio de bombardeos, ataques y confrontaciones
armadas en zonas estratégicas, no significa que la vida y el ambiente, ahí
existentes, no se afecten. Llama la atención que hasta el presente momento no
se ha hecho una evaluación del costo por desastre ambiental ocasionado por la
guerra, y de modo, especial por programas como Plan Colombia puesto en marcha
desde el año 2000, cuyo eje central era la erradicación de los cultivos
ilícitos y la lucha contra el narcotráfico.
Por ejemplo, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas ha señalado que 128 mil hectáreas anuales se han fumigado en todo
el territorio nacional, destacándose el año 2006, con 170 mil hectáreas).
Detrás de las aspersiones se encuentran firmas como DynCorp de Estados Unidos. Las
fumigaciones han provocado protestas de muchas comunidades, como las de Tarasá
en Antioquia, que ven la afectación tanto en la salud humana como en el suelo,
deforestado y con altos niveles de contaminación de las fuentes de agua y de
los cultivos.
La experiencia colombiana
ha demostrado que la guerra se valora primero en términos económicos, y luego
sociales. Pero hasta ahora no existe una valoración ambiental del daño causado.
Fuentes de agua destruidas, extracción minera que arrasa con cuencas
hidrográficas, confrontaciones entre bandos que desplazan las comunidades de
sus habitas ancestrales y que son guardianas de los ecosistemas. Desplazar una
comunidad indígena o campesina de su lugar, es desplazar también ese saber
ambiental y ese conocimiento que existe en ellos. El territorio rural está
quedando deshabitado y presa fácil de intereses privados, a veces promotores de
la guerra, para monopolizar y tener control sobre amplios territorios, como
aconteció en Urabá. Una guerra que al desplazar poblaciones promovió el ingreso
de multinacionales para desarrollar actividades extractivas de minerales y
recursos, dejando la zona deforestada. El tapón selvático del Darién en el
territorio Colombiano, ya no es un tapón natural., puesto que hoy es una zona
desértica.
Considero que en un
contexto como el colombiano de conflicto armado, y sobre todo en un momento
crucial como el de la agenda de negociación, se hace necesario comprender el
ambiente de modo distinto. El que en el proceso de negociación se plantee el
problema ambiental, ya es un paso muy significativo. En el punto 3 sobre “solución
al problema de drogas ilícitas” en el marco de Acuerdo general entre el
gobierno nacional y la guerrilla, se expresa que se requiere una recuperación ambiental
de las áreas afectadas por dichos cultivos, así como el cierre a la frontera
agrícola la recuperación de ecosistemas y el desarrollo sostenible. Estos
elementos son importantes y se requiere importantes reflexiones y debates.
Frente a una guerra
que fortalece el modelo económico extractivo se debe reivindicar el valor del
ambiente como un sistema que integra la naturaleza y la sociedad. Implica un
camino hacia la plena conciencia de que los problemas del conflicto armado
siendo económicos y sociales, lo son también ambientales.
